El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y el Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han suscrito, con fecha 27 de diciembre de 2023, convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. y la Agrupación de Entidades formada por la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Hay Derecho, la Universidad de León, la Fundación Salvador Soler (Political Watch), y la Fundación Haz, para impulsar la implementación de la carta de derechos digitales en el ámbito de los derechos de participación (C038/23-OT).

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la publicación del citado convenio.

Madrid, 3 de enero de 2024.–El Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., Jesús Herrero Poza.

CONVENIO ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. Y LA AGRUPACIÓN DE ENTIDADES FORMADA POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, LA FUNDACIÓN HAY DERECHO, LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, LA FUNDACIÓN SALVADOR SOLER (POLITICAL WATCH), Y FUNDACIÓN HAZ, PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA DE DERECHOS DIGITALES EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. C038/23-OT

REUNIDOS

De una parte, la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. (en adelante, «Red.es»), con domicilio en Madrid, plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n, código postal 28020 y CIF Q2891006-E, representada por su Director General, don Jesús Herrero Poza, nombrado por el Consejo de Administración en su sesión de 28 de noviembre de 2023 y facultado para este acto en virtud de las facultades delegadas a su favor de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.k) del Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de Red.es.

De otra parte, la agrupación de entidades formada por:

– Universidad Complutense de Madrid (en adelante, UCM), con domicilio en avenida de Séneca, 2, código postal 28040, Madrid y CIF G-Q2818014I, representada por don José María Coello de Portugal y Martínez del Peral, Vicerrector de Relaciones Institucionales, nombrado por Decreto Rectoral 4/2023, de 19 de enero y según las competencias que se le atribuyen en el Decreto Rectoral 1/2021, de 11 de enero, de establecimiento de los Vicerrectorados de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de diversas cuestiones de índole organizativo.

Don José María Coello de Portugal y Martínez del Peral representa además al Grupo de Entidades que presentó propuesta a la Invitación General de Red.es (C046/22-OT), que fue seleccionado bajo Resolución de 27 de julio a dicha invitación, y que está constituido bajo el Acuerdo de Colaboración de fecha 16 de mayo de 2023, modificado el 21 de diciembre de 2023 (en adelante, el «Grupo de Entidades»), en donde se incluyen las obligaciones y compromiso de cada entidad.

– Fundación Hay Derecho, con domicilio en calle Diego de León, 44, planta 1, 28006 Madrid, y CIF G87189437, representada por doña Safira Cantos Salah, Directora General de la Fundación, según las facultades otorgadas por el notario don Alonso Madridejos Fernández, el 21 de abril de 2022 con el número 968 de su protocolo.

– Universidad de León, representada por don Juan Francisco García Marín, con domicilio a efectos de notificaciones en avenida de la Facultad de Veterinaria, número 25, León, en su calidad de Rector Magnífico de la Universidad de León en virtud del Acuerdo de la Junta de Castilla y León número 34/2020, de 9 de julio (BOC y L número 138, de 10 de julio), de conformidad con las facultades que tiene atribuidas por el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y el artículo 78 de los Estatutos de la Universidad de León, aprobados por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre de la Junta de Castilla y León, con domicilio en avenida de la Facultad de Veterinaria número 25, 24071 León.

– La Fundación Salvador Soler (Political Watch), representada por David Soler Soneira, con DNI ****864**, en calidad de presidente y representante legal de Political Watch-Fundación Salvador Soler (en adelante, Political Watch), con CIF G-85959666, domicilio social en Madrid, avenida Cardenal Herrera Oria número 63, izquierda, 28034, e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, con el número de registro 962, con fecha 14 de diciembre de 2010.

– La Fundación Haz, por acuerdo del Patronato de la Fundación Haz con fecha 21 de diciembre de 2023, Elena Herrero-Beaumont, con DNI ****758**, en representación de la Fundación Haz de Madrid, con CIF G-85244978, y con domicilio en la calle Príncipe de Vergara, 8, 1, Madrid 28001, constituida en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Madrid don Vicente de Prada Guaita, con fecha 26 de septiembre 2007, en su protocolo número 2.333.

Red.es y el Grupo de Entidades en adelante podrán denominarse, individualmente «la parte» y, conjuntamente «las partes».

Todas las partes, en el concepto que concurren y reconociéndose competencia y capacidad legal suficiente para obligarse por el presente convenio,

EXPONEN

I

Que Red.es es una Entidad Pública Empresarial, M.P., adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y tiene como función impulsar el fomento y desarrollo de la sociedad de la información en España. Las funciones de Red.es le han sido legalmente atribuidas en virtud de la norma prevista en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Red.es tiene encomendado un papel esencial en la ejecución y despliegue de medidas contempladas en la Agenda España Digital 2026 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

II

Que el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) es un órgano consultivo del gobierno adscrito estatutariamente a Red.es y cuya misión es el análisis de la sociedad digital y el fomento del humanismo tecnológico. En este contexto, la estrategia España Digital 2026 le encomienda al ONTSI el impulso de la implementación de la Carta de Derechos Digitales.

III

Que, entre las líneas de actuación de Red.es, se encuentra la colaboración a través del ONTSI con agentes públicos y privados para avanzar en la implementación de los derechos digitales, así como en los compromisos adquiridos en la estrategia España Digital y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en relación con los Derechos Digitales.

IV

Que las corporaciones que conforman el Grupo de Entidades firmaron un Acuerdo de Colaboración para participar en el desarrollo de los derechos y obligaciones del presente convenio tras haber mostrado su interés en cooperar conjuntamente, a través de la propuesta presentada a la Invitación General (C046/22-OT) cuya selección quedó determinada por la Resolución de 27 de julio a dicha invitación.

V

Que, en el Acuerdo de Colaboración mencionado en el expositivo anterior las partes firmantes acordaron que las actuaciones derivadas de los compromisos adquiridos para la ejecución del objeto del presente convenio serán coordinadas y representadas por la UCM, en virtud de la cláusula tercera del Acuerdo de Colaboración.

VI

Que el Grupo de Entidades propone desarrollar medidas legislativas y no legislativas que fomenten la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito específico de los Derechos de Participación. Estas medidas se identificarán con la participación del Grupo de Entidades, y sus organizaciones representantes. En esta línea el Grupo de Entidades se encargará de impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales y participará activamente en la organización de grupos de trabajo, reuniones y jornadas para aumentar la colaboración de expertos y partes interesadas en el debate y la reflexión sobre las medidas a adoptar.

VII

Que la UCM, como Universidad Pública, es una institución de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, que goza de autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. En el marco de su autonomía, la actividad de la UCM se fundamenta en el principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

Entre sus méritos destaca el liderazgo del Grupo de Investigación sobre tecnología y democracia (I+DEM), dada su proyección internacional y carácter referencial en la transferencia de resultados. Ello, ha otorgado al equipo de una posición preponderante en el análisis de cuestiones relativas a la interacción tecnología-democracia en temas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el voto electrónico o los sistemas de participación ciudadana digital.

VIII

Que la Fundación Hay Derecho, en adelante FHD, se trata de una organización privada de naturaleza fundacional con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Su constitución se remota a 2016, fecha desde la que pone a la disposición del interés general sus servicios, realizando su actividad sin ánimo de lucro.

Entre su misión principal, destacan la defensa del Estado de Derecho en España y la mejora de nuestro ordenamiento jurídico e instituciones. La FHD es una entidad de referencia en la sociedad civil española a la hora de promocionar la transparencia de las actividades del sector público y defender el Estado de Derecho y la regeneración institucional.

IX

Que la Universidad de León, es una Institución de Derecho Público al servicio de la sociedad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de la autonomía reconocida por la Constitución española, desempeña aquellas competencias expresamente atribuidas por la legislación y ejercita los derechos que el ordenamiento jurídico le otorga. En su misión, destacan objetivos como realizar una enseñanza de calidad y contribuir al avance del conocimiento por medio de la actividad investigadora; así como crear, enseñar y difundir ciencia, cultura, arte y tecnología, y contribuir al progreso social, económico y cultural.

Que la experiencia de Unileón en el ámbito de los Derechos Digitales es amplia, desde el 2019 se imparte el Máster en Derecho de la Ciberseguridad y el Entorno Digital, además se han impartido cursos de experto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En el 2023 se ha implantado la Cátedra de Ciberseguridad ULe-INCIBE junto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Con la misma entidad se ha firmado un acuerdo para la organización del CIBERCAMPLAW hasta el año 2026.

X

Que la experiencia de Political Watch es amplia en el ámbito del derecho a la participación ciudadana por medios digitales. Participa desde 2023 en calidad de entidad experta en el Foro de Gobierno Abierto del Gobierno de España; participa desde 2022 en el grupo Innovative Citizen Participation Network de la OCDE; desde 2022 es la única contraparte española de la red internacional de entidades expertas en tecnología y participación «Code for All»; desde 2022 ejecuta y lidera en España el proyecto «Ampliando Democracia», cuyo objetivo es impulsar la implantación de nuevas y mejores formas de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas y en el cual participan la mayoría de organizaciones de referencia del Tercer Sector. Desde hace más de diez años, Political Watch ha participado e impulsado algunas de las iniciativas más destacadas de innovación en el ejercicio del derecho al acceso efectivo a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, y la participación de las personas en las actuaciones de las Administraciones Públicas por medios digitales llevadas a cabo en España desde la sociedad civil (herramienta TiPi, herramienta Parlamento 2030, plataforma Polétika, herramienta Qué Hacen Los Diputados o herramienta RTVE2030).

XI

Que la Fundación Haz, es una fundación con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Entre su misión principal, destacan la promoción de la ética como base de buena gobernanza en la actual democracia digital, especialmente en procesos de deliberación pública y en el sector de los medios de información, donde está impulsando el Observatorio de Medios-Gobernanza y Transparencia Informativa, junto con Ethosfera. Ambas son una referencia en la sociedad civil española a la hora de promover la ética aplicada en el entorno de las instituciones, incluidas las empresas, y, especialmente, las empresas de medios de información, con el ánimo de fortalecer el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz.

XII

En este sentido, el humanismo tecnológico se ha situado como eje de los derechos y valores de la Unión Europea en el marco de todas las actuaciones que se han venido realizando para abordar el reto digital ante el que nos encontramos. Un desafío del que se hace cargo tanto la estrategia digital española, como europea y se alinea con los objetivos del presente convenio.

En este sentido, el humanismo tecnológico se ha situado como eje de los derechos y valores de la Unión Europea en el marco de todas las actuaciones que se han venido realizando para abordar el reto digital ante el que nos encontramos. Un desafío del que se hace cargo tanto la estrategia digital española, como europea y se alinea con los objetivos del presente convenio.

La actual estrategia para la transformación digital europea, denominada Década Digital para 2030, fue presentada en marzo de 2021 por la Comisión Europea con el propósito de empoderar a las empresas y la ciudadanía, avalando una digitalización basada en el humanismo tecnológico. En diciembre de 2022, el Parlamento Europeo y el Consejo a través de la decisión (UE) 2022/2481 consolidaron el programa estratégico que la desarrolla. De este modo, se presenta la oportunidad de lograr un proceso de transición ordenado, que favorezca un impacto económico-social positivo y duradero. Y, asimismo, poniendo de manifiesto la necesidad de garantizar el éxito de la transformación digital a través de la promoción de los derechos y principios europeos.

Paralelamente, en España, el 30 de abril de 2021 el BOE publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, en virtud cual se aprueba el Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Documento que despliega en el país los instrumentos de financiación comunitaria relativos a los fondos Next Generation. Sus 30 componentes, o líneas de acción, articulan las reformas e inversiones necesarias para construir un futuro más sostenible. Entre ellos destaca el componente 19 «Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital skills)». Una línea estratégica que promueve reforzar las competencias del conjunto de la ciudadanía, donde se incluye la inversión 1 «competencias digitales transversales». respondiendo a la promoción de una digitalización conductora de la igualdad, la inclusión y la estabilidad.

En esta materia, y como hoja de ruta, el Gobierno de España aprobó la Agenda España Digital, que recoge y articula las medidas, reforma, e inversiones necesarias, en torno a ejes estratégicos que tienen como vocación el cumplimiento de los hitos en materia de políticas digitales marcados por la Comisión Europea. Entre ellos, se prevé «garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital» y se marca como meta la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía.

En julio de 2021, y en el marco de la estrategia España Digital 2025, el Gobierno presenta la Carta de Derechos Digitales. Una iniciativa pionera y prospectiva, sin carácter normativo, que permite anticipar los futuros escenarios que pueden predecirse en los entornos digitales e interpretar y adaptar el derecho vigente a las oportunidades que el entorno digital plantea. En su elaboración participó un grupo de personas expertas y fueron consultados los agentes económicos y sociales, así como la sociedad civil. Y ello, bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el Ministerio de Justicia, y la Agencia Española de Protección de Datos.

En diciembre de 2022 la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo firmaron una Declaración Conjunta sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital, elaborando propuestas a través de las cuales se definen los valores centrales de la actividad digital: sostenibilidad, seguridad, protección y empoderamiento. Con una vocación coincidente con la iniciativa española, estos principios centrales son articulados en torno a seis capítulos que promueven un espíritu regulatorio garante y solidario, que vela por la inclusión igualitaria en los nuevos entornos, incentiva la participación en el espacio público digital y la libertad de elección.

La nueva estrategia España Digital 2026, presentada por el Gobierno de España en julio de 2022, contempla el impulso e implementación de la Carta de Derechos Digitales, y la creación de un Espacio de Observación de estos. Para garantizar el éxito de este propósito, define entre las líneas de actuación de Red.es, y a través del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, la colaboración con agentes públicos y privados como vía prevista para desarrollar los compromisos adquiridos en la estrategia España Digital y en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

XIII

Que, a tenor del encargo mencionado en el expositivo anterior, el 14 de marzo de 2023, Red.es lanzó la Invitación General para Participar en el Impulso a la Implementación de la Carta de Derechos Digitales y en la Creación del Espacio de Observación de Derechos Digitales (C046/22-OT), cuyo objeto, gira en torno a la promoción de los 6 ámbitos específicos definidos en el punto A de su apartado sexto, a través de la colaboración con seis entidades o grupos de entidades, que aporten sus conocimientos, capacidad de movilización y sensibilización en este reto clave en la política nacional y europea; y una entidad o grupo de entidades para la firma de otro convenio para impulsar el seguimiento, difusión, debate y promoción de los Derechos Digitales entre la ciudadanía y organizaciones públicas y privadas y facilitar su adhesión a los mismos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Esta participación de entidades permite, mediante el compromiso y los valores de las propias organizaciones, amplificar el alcance de su actividad e impacto. En concreto, y en virtud de las actuaciones que vinculan los compromisos relativos al presente convenio, las actividades se desarrollarán en torno al ámbito 3 del apartado sexto de la mencionada invitación, el «Ámbito de Derechos de participación». A él se circunscriben aquellos derechos como las libertades de expresión, e información, la regulación de las plataformas sociales, la gobernanza de los medios de comunicación, el derecho de acceso a la información pública, el derecho de participación ciudadana por medios digitales con especial referencia a las elecciones y a la participación política o a los sistemas de votación electrónica como herramienta de participación.

XIV

Que, la inversión 1, definida como «Competencias digitales transversales», del componente número 19 («Plan Nacional de Competencias Digitales –Digital skills–») del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)», en línea con la Agenda España Digital 2026, tiene por objetivo impulsar la carta de Derechos Digitales «Human Tech».

Con esta línea de acción se busca asegurar que los beneficios de esta transformación tecnológica superen sus riesgos, que las oportunidades y ventajas estén distribuidas equitativamente, de modo que la digitalización sea un conductor de inclusión, igualdad y estabilidad, y que las estructuras, instituciones y procesos que rigen nuestro uso de la tecnología y los datos sean abiertos, transparentes e inclusivos. Las acciones a realizar se concretan, entre otras, en líneas de estudio y observación de la realidad tecnológica desde la perspectiva humanista en sus diferentes ámbitos.

Para financiar, entre otras, las acciones a realizar mediante la invitación lanzada por Red.es (C046/22-OT), la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, introdujo la aplicación presupuestaria nominativa a favor de Red.es 27.50.460A.74009: «A Red.es para el fomento de los Derechos Digitales y del humanismo tecnológico y cultura digital», con cuyo importe se van a financiar las obligaciones de la Entidad Pública Empresarial derivadas de las acciones derivadas de la invitación, y por tanto de este convenio.

Que, a tal efecto las partes suscriben el presente convenio con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El objeto del convenio es impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de los Derechos de Participación. A este ámbito se circunscriben aquellos derechos como las libertades de expresión, e información, la regulación de las plataformas sociales, la gobernanza de los medios de comunicación, el derecho de acceso a la información pública, el derecho de participación ciudadana por medios digitales con especial referencia a las elecciones y a la participación política o a los sistemas de votación electrónica como herramienta de participación.

Segunda. Actuaciones.

En el marco de este convenio se llevarán a cabo una serie de actuaciones de investigación y divulgación (en adelante, «las actuaciones») para conseguir los objetivos definidos en el ámbito de los Derechos de Participación.

Partiendo de la propuesta presentada por el Grupo de Entidades por la que han sido seleccionadas para la ejecución de este convenio en base a lo dispuesto en la Invitación C046/22-OT, las actuaciones que se van a realizar son:

1. Objetivo 1: Construir una amplia red de contactos con personas expertas y partes interesadas para el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales. Entre otras actuaciones, se contemplan las siguientes:

a) Colaborar con el GobTechLab para facilitar el cumplimiento de su compromiso relativo a garantizar la participación ciudadana y la co-creación en el diseño de servicios públicos innovadores que hagan uso de tecnologías emergentes, procesos participativos y programas piloto.

b) Generar espacios de encuentro, diseñar e implementar medidas que faciliten la comunicación, coordinación y colaboración entre los procesos, organismos y entidades que están trabajando a nivel estatal para la promoción de la participación ciudadana.

c) Asesorar y/o colaborar en el desarrollo de las agendas española e iberoamericana que desarrollen las distintas Cartas de Principios y Derechos Digitales.

d) Colaborar transversalmente con otras áreas de interés para impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales.

2. Objetivo 2: Establecer relaciones con las instituciones y entidades representantes de las partes interesadas. Entre otras actuaciones, se contemplan las siguientes:

a) Consensuar estándares en materia de transparencia y gobernanza informativa en España con los principales medios de comunicación.

b) Realizar seminarios científicos y profesionales que ayuden al establecimiento de sinergias con el Grupo de Alto Nivel sobre desinformación y de la Unión Europea, así como con grupos de trabajo de la ONU y la OTAN sobre amenazas híbridas.

c) Elaborar informes sobre Congresos Científicos y Profesionales y otros eventos relacionados con los Derechos de Participación.

d) Realizar informes de investigación sobre los estados en los que se han implementado distintos sistemas de votación electrónica.

3. Objetivo 3: Llegar a acuerdos con actores que hayan elaborado estudios relevantes y propuestas en este ámbito. Entre otras actuaciones, se contemplan las siguientes:

a) Realizar estancias e informes de investigación en centros de reconocido prestigio al respecto de las competencias digitales.

b) Realizar seminarios con personas expertas, partes interesadas y autoridades competentes para compartir experiencias, retos y oportunidades y mejoras, que permitan la transferencia de los avances realizados en el marco del presente convenio.

4. Objetivo 4: Analizar el contexto y el estado del arte en este ámbito, identificando aquellos problemas, retos, oportunidades y necesidades más relevantes. Entre otras actuaciones, se contemplan las siguientes:

a) Elaborar informes de base científica para autoridades electorales relativos a los Derechos de Participación.

b) Elaborar informes sobre los Derechos de Participación sobre, al menos, cinco campañas electores.

c) Monitorización de desinformación electoral en países iberoamericanos.

d) Elaborar tres informes sobre los avances en materia de participación ciudadana desarrollados desde los procesos impulsados en la «Agenda Digital» y el «Gobierno Abierto».

5. Objetivo 5: Explorar la situación actual de los Derechos Digitales en este ámbito en España y en la Unión Europea (derechos reconocidos y demandas existentes, actuaciones en el ámbito legislativo y no legislativo, intervención normativa en desarrollo). Entre otras actuaciones, se contempla la siguiente:

a) Elaborar informes arte sobre los estándares existentes en Europa y Latinoamérica en materia de libertad de expresión, desinformación, regulación de redes y transparencia.

b) Elaborar informe pormenorizado y evaluación del entramado jurídico elaborado o en elaboración de la Unión Europea sobre la desinformación con especial mención al Plan de Acción para la Democracia Europea.

c) Elaborar informes y artículo en el Journal de alto impacto, Communications Law & Policy sobre las buenas prácticas de transparencia y gobernanza en el sector de los medios de información.

d) Mapeo, selección y sistematización de la información sobre el contexto, estado del arte, demandas, propuestas, investigaciones e innovaciones que se estén desarrollando a nivel internacional –especialmente en la UE–, estatal y subestatal en materia de participación ciudadana por medios digitales.

e) Elaborar al menos un informe sobre la nueva Normativa de la UE sobre IA.

f) Realizar informes de derecho comparado sobre los Derechos de Participación, con especial mención a los ámbitos europeos y latinoamericano.

g) Realizar informes científico-técnicos específicos sobre las temáticas: Neutralidad de internet, Educación digital, y Derechos Digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

6. Objetivo 6: Recopilar las demandas y propuestas de las personas expertas y las partes interesadas en este ámbito. Entre otras actuaciones, se contemplan las siguientes:

a) Elaboración de propuestas normativas y de interpretación jurídica de desarrollo de los contenidos de la carta en este ámbito.

b) Elaboración de una investigación e informe final sobre el análisis del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de una muestra de cincuenta entidades del ámbito estatal y elaborar al respecto propuestas normativas y no normativas orientadas a estimular la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la mejora del debate público.

c) Elaborar una investigación e informe final sobre la calidad de la evidencia científica contenida en distintos proyectos normativos con el fin de elaborar propuestas normativas y no normativas sobre cómo mejorar la participación pública durante la tramitación de normas parlamentarias a través del uso adecuado de evidencia científica en distintos proyectos normativos.

7. Objetivo 7: Organizar seminarios de estudio, reuniones y jornadas con personas expertas y partes interesadas para debatir sobre propuestas legislativas y no legislativas que permitan desarrollar la Carta de Derechos Digitales en este ámbito específico con la mayor cobertura geográfica posible. Entre otras actuaciones, se contemplan las siguientes:

a) Organización de tres ediciones de seminarios sobre la temática del convenio en, al menos, cuatro CC. AA. con especial mención a directrices y recomendaciones para regular las plataformas digitales.

b) Realizar una Jornada sobre las conclusiones de la Comisión Europea respecto del Plan de Acción para la Democracia Europea 2023.

c) Realizar un seminario de investigación sobre el estudio previamente realizado sobre la implementación de la en relación con la moderación de contenidos de las redes sociales.

d) Realizar un Congreso científico en Latinoamérica, en español, para presentar los resultados de las actividades desarrolladas en el presente convenio, así como las necesidades específicas de cada región en relación con la libertad de expresión , la desinformación y la injerencia electoral.

e) Realizar un congreso sobre dos de los ejes del Plan Europeo, la libertad y pluralismo de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas.

f) Realizar dos congresos científicos sobre la lucha contra la desinformación en Europa y Latinoamérica.