El 26 de diciembre de 2018 se ha recibido la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado oficio del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Illes Baleares, remitiendo escrito de Ilmo. Sr. Fiscal don José Díaz Cappa, en el que renuncia al cargo de Delegado de Criminalidad Informática de esa Fiscalía que viene ostentando en virtud de Decreto del Fiscal General del Estado de 15 de noviembre de 2011, y que venía ejerciendo con anterioridad desde el Decreto del Fiscal Superior de 6 de julio de 2009.

Como motivo de la renuncia se alega la carga de trabajo que soporta en la actualidad, porque además de la Delegación de Criminalidad Informática asume las siguientes especialidades:

– Delegado de la Sección de Menores, habiendo aumentado considerablemente la carga de trabajo que pesa sobre la misma sin que se haya incrementado el número de fiscales y funcionarios, pese a la sugerencia realizada por la Inspección Fiscal con motivo de la visita de inspección realizada los días 26 a 28 enero, de ampliación de Fiscales de la Sección al número inicial de 6 Fiscales, teniendo en cuenta, el aumento de la carga de trabajo necesidad compartida por el Fiscal de Sala Coordinador de Menores en escrito de 2 de noviembre de 2018.

– Coordinador responsable del Sistema de información del Ministerio Fiscal: viéndose incrementada la carga de trabajo derivada de esta función como consecuencia de la implantación de Fiscalía digital de Baleares.

El Fiscal Superior de las Illes Balears tras significar la magnífica labor realizada por el Delegado tanto por sus conocimientos jurídicos como informáticos, dado su interés en renunciar a la delegación y el nivel de trabajo que tiene asignado, considera procedente la aprobación de la renuncia.

Fundamentos de Derecho

La Instrucción FGE 5/2008 dispone que el nombramiento de Delegado Provincial de la especialidad no está sujeto a límite temporal, pero será renunciable por razones justificadas que expondrá por escrito el interesado, requiriendo la aprobación del Fiscal General del Estado, que podrá delegar este cometido en el respectivo Fiscal de Sala Coordinador. El Delegado Provincial que presente la renuncia continuará desempeñando sus funciones hasta tanto no sea aprobada por el Fiscal General del Estado. La efectividad de la renuncia podrá aplazarse para evitar perjuicios al interés general por el que debe velar el Ministerio Fiscal.

Esta misma Instrucción establece que los nombramientos y ceses de los Delegados Provinciales de la especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala Coordinador, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente, trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

La Fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática, cumplimentado el trámite de audiencia previsto en la citada Instrucción, mediante escrito de 10 de enero de 2019 ha comunicado que no existe obstáculo alguno en la aceptación de la renuncia.

En consecuencia, considerando justificadas las razones aducidas para la renuncia y cumplidos los trámites establecidos para proceder a la misma, se acuerda:

La renuncia del Ilmo. Sr. don José Díaz Cappa en el cargo de Fiscal Delegado de Criminalidad Informática en la Fiscalía de las Illes Balears.

Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny n.° 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 21 de enero de 2019.–La Fiscal General del Estado, María José Segarra Crespo.