Desarrollada la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero (BOE de 27 de febrero), se hace preciso adecuar la titularidad de las unidades con nivel orgánico de Subdirector General de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con efectos de 27 de febrero de 2020.

En su virtud y en uso de las facultades conferidas por el artículo 62.2.c) la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se disponen los siguientes nombramientos:

Don Pedro Luis Alonso Manjón, funcionario del Cuerpo de Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, con Número de Registro Personal ***3321*** A1166, que venía desempeñando el puesto de Subdirector General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones, como Subdirector General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, con carácter provisional.

Don Ramón Pérez de Vargas Sánchez de Castro, funcionario del Cuerpo de Superior de Administradores Civiles del Estado, con Número de Registro Personal ***1521*** A1111, que venía desempeñando el puesto de Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, como Subdirector General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, con carácter definitivo.

Doña Cristina Morales Puerta, funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, con Número de Registro Personal ***3277*** A0601, que venía desempeñando el puesto de Subdirectora General de Contenidos de la Sociedad de la Información, como Subdirectora General de Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, con carácter definitivo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.

Madrid, 4 de marzo de 2020.–El Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez Sánchez.