Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La sublevación militar y el golpe de Estado de julio de 1936 contra el Gobierno legítimo de la Segunda República española provocó el asesinato en La Rioja de más de 2.000 personas, según datos del Registro Civil de Defunciones, los cuadernos de personas muertas recogidos por la Cruz Roja de Logroño y los distintos estudios historiográficos realizados; además de la humillación, el maltrato y la tortura generalizados. Estos riojanos y riojanas residían en 103 poblaciones de la provincia, de un total de 183, aunque repartidos de manera muy desigual. En los primeros lugares de esta macabra lista están Logroño, Calahorra, Alfaro, Cervera del Río Alhama, Haro, Nájera, Villamediana de Iregua, Aldeanueva de Ebro, Arnedo o Santo Domingo de la Calzada. El número total de riojanos y riojanas asesinadas víctimas de «sacas» fue de 1.910, y las riojanas y riojanos fusilados tras Consejos de Guerra, celebrados en Logroño o en otros lugares entre 1936 y 1945, fue de 50. Las personas detenidas muertas en la cárcel fueron 16, y en hospitales y campos de concentración españoles o nazis, hasta 21.

Las 400 personas asesinadas en la fosa de La Barranca, hoy convertida en memorial, y por decreto de Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2021 convertida en bien de interés cultural, dan fe de la voluntad genocida de las fuerzas golpistas. Vulnerando el ordenamiento legal republicano existente, hacían y dejaban hacer, incluso tapando los ojos y los oídos de las personas que estaban a su alrededor para que no les pesase la conciencia, en un proceso análogo a lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazi y la Italia fascista, finalmente derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. Se impuso, en muchos casos, limitación al luto para que se aparentase normalidad, como si nada hubiese sucedido en su entorno inmediato.

La ciudadanía riojana ha dado cumplidas muestras, a lo largo de la historia, de sus ansias de libertad, de su repulsa al sojuzgamiento y, en épocas más recientes, de su continuo y resuelto compromiso con las libertades y los valores democráticos, plasmados principalmente en la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que en su artículo 1.3 establece que «el Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los riojanos, en el marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España».

La Rioja cuenta con un memorial a las víctimas del golpe militar de 1936, el Memorial «La Barranca», que se ubica en el municipio de Lardero sobre el barranco de Barrigüelo y es un lugar único de memoria en nuestro país. Este memorial, creado como cementerio civil en 1979, forma parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja desde 1980.

La Barranca fue inicialmente un lugar donde muchos riojanos y riojanas fueron ejecutados y sepultados en una fosa común, y ha sido resignificado como símbolo de memoria y reconocimiento de las víctimas gracias a la incansable lucha de las llamadas «mujeres de negro» y a La Barranca, Asociación por la Preservación de la Memoria Histórica. Actualmente, este espacio está gestionado en colaboración con la Asociación La Barranca, que se encarga también de enseñar la historia y de ofrecer mediante el relato garantías de no repetición en la sociedad riojana.

En cuanto poder público con competencias concurrentes en la garantía de estos derechos, el Gobierno de La Rioja asume decididamente, por trámite de esta ley, la responsabilidad de brindar a riojanos y riojanas garantías adicionales, procedimentales y sustantivas para ejercer derechos que son irrenunciables a la verdad, la justicia y la reparación en relación con los hechos acaecidos en el periodo comprendido entre 1936 y 1978. En este sentido, la Comunidad Autónoma quiere hacer explícito su compromiso para asumir como poder público la obligación respecto a riojanos y riojanas de esclarecer las circunstancias en que el proceso represivo se produjo respecto a la población civil riojana y, en la medida en que sea posible, paliar las terribles consecuencias que para varias generaciones de riojanos y riojanas este proceso sigue engendrando.

En primer lugar, garantizando, en el ámbito de sus competencias, el derecho a conocer la verdad sobre lo acontecido en un periodo, el transcurrido entre 1936 y 1978, en el que los riojanos y riojanas sufrieron gravísimas violaciones de derechos humanos en un contexto de crímenes internacionales contra la población civil. Para ello se articulan medidas relacionadas con el acceso a los archivos de titularidad autonómica; la publicidad sobre el número y la localización de los lugares clandestinos de enterramiento; la publicidad sobre el número y la identidad de los riojanos y riojanas desaparecidos; el derecho a recibir y difundir información en relación con las intervenciones sobre lugares clandestinos de enterramiento; el fomento de la investigación sobre ese periodo histórico; la localización de las obras públicas y privadas que fueron resultado del trabajo esclavo de nuestras y nuestros conciudadanos.

En segundo lugar, aspira a hacer justicia respecto a quienes hicieron valer a costa de sus vidas y su patrimonio los valores democráticos y ciudadanos de los que hoy disfrutamos. Por ello, se reconoce explícitamente la condición y el Estatuto jurídico de víctima a los familiares de todos aquellos que sufrieron la represión franquista.

En tercer lugar, la ley aspira a granjear reparación y rehabilitación suficiente a toda la ciudadanía riojana que aún padece las consecuencias, directas o indirectas, de tal represión. Para ello se articulan medidas tendentes a paliar los efectos de las injusticias generadas en el periodo considerado, brindando garantías adicionales a las que ofrece el marco estatal.

II

La recuperación de la memoria democrática es una obligación ética, política y también legal de los poderes públicos. Recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista es un imperativo ético y moral que La Rioja no puede obviar. Las personas demócratas estamos en deuda con ellos y ellas.

Según recoge la Organización de las Naciones Unidas en el informe La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos): «El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas, para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas» (Principio 2. El deber de la memoria).

Por su parte, el principio 18. Deberes de los Estados en materia de administración de la justicia, establece que «la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido, y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones».

El 18 de julio de 1936 se produjo un golpe militar contra el Gobierno de la República. Como consecuencia de su fracaso, y por la resistencia de defensores de la legalidad constitucional de la Segunda República española, se desencadenó la Guerra Civil, a la que siguió una dictadura que impuso un largo y cruel periodo de represión, a consecuencia del cual centenares de miles de personas fueron víctimas de asesinato, torturas, encarcelamientos arbitrarios, detenciones ilegales y trabajos esclavos. Esa es una verdad histórica incontrovertible.

La represión durante el periodo bélico y en la posguerra fue de una dureza extrema: campos de concentración, batallones de trabajos esclavos, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, exilio, etcétera, fueron la tónica de la primera posguerra, junto con la resistencia de grupos guerrilleros republicanos hasta la década de los años 50 del siglo XX. Desde los inicios del movimiento contra la legalidad republicana, los golpistas desencadenaron una auténtica masacre que tenía por objeto la eliminación de aquellos a los que consideraban «enemigos de España». No en vano, el general Emilio Mola había escrito con claridad, en la Instrucción reservada número 1, que «la represión ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo», y el 19 de julio afirmaba que «hay que sembrar el terror […] eliminando sin temor ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros». Una represión que no terminó al finalizar la contienda, sino que se extendió durante la Dictadura y que provino de un régimen que mereció la condena en 1946 de las Naciones Unidas en sus primeras resoluciones, entre ellas la Resolución 39 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de ese año, donde la recién creada Organización de las Naciones Unidas declaró: «En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini».

III

La noción de crimen contra la humanidad busca la preservación, a través del derecho penal internacional, de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguardia constituye una norma imperativa de derecho internacional y cuya preservación constituye, en consecuencia, una obligación exigible a todos los Estados y por todos los Estados. El Estatuto del Tribunal Internacional de Núremberg establece como crímenes contra la humanidad «el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil […], constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron». Esta clase de crímenes también vienen regulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 y en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, de la que España es Estado parte.

En España, durante un largo periodo de tiempo, las víctimas de los crímenes del franquismo han sido ignoradas. Nunca se reconoció su carácter de víctimas y nunca se calificó jurídicamente el régimen franquista como lo que fue, un régimen ilegítimo e ilegal, manteniéndonos como país al margen de los estándares mínimos de todo Estado de derecho. No cabe ni el olvido ni la equidistancia que reparte simétricamente responsabilidades históricas a las víctimas y a los verdugos. Los gravísimos hechos que devinieron en el periodo más cruel y oscuro de nuestra historia reciente son escondidos y edulcorados, y se evita sistemáticamente tratarlos como lo que son: atentados a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo. Asimismo, el Equipo Nizkor, en su informe La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, y Amnistía Internacional, en su informe El tiempo pasa, la impunidad permanece, insisten en que la ausencia de investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo constituye un incumplimiento por parte del Estado español de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional.

Se optó por el olvido y la ignorancia histórica. Esta actitud ha tenido graves repercusiones en los estratos más profundos de la conciencia democrática de los pueblos del Estado español: ha supuesto el triunfo del relativismo moral a la hora de juzgar a los gobernantes y ha minado los mínimos éticos exigibles en las relaciones entre la ciudadanía, la ley y quienes gobiernan. Gran parte de la crisis de los valores democráticos actuales se debe al olvido y a la ignorancia histórica. Una segunda consecuencia de la impunidad penal y del olvido histórico de los crímenes del franquismo es el «revisionismo histórico», que niega los crímenes contra la humanidad del fascismo.

Naciones Unidas se ha vuelto a lamentar recientemente por la falta de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de recuperar la memoria democrática de España. El relator especial de la ONU sobre la promoción de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, destaca en sus consideraciones preliminares que existe una distancia inmensa entre las posiciones guardadas por la mayor parte de las instituciones del Estado, por un lado, y las víctimas y entidades memorialistas, por el otro. De igual manera, en sus recomendaciones preliminares, Pablo de Greiff se dirige expresamente a los diferentes niveles del Gobierno demandándoles que restablezcan y aumenten los recursos dedicados a la memoria histórica. Los presupuestos para los programas de memoria histórica a nivel de las autonomías donde alguna vez establecieron uno también han sufrido recortes significativos.

No se puede demorar más la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la humanidad a los cometidos de manera sistemática por la Dictadura franquista.

IV

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como «ley de memoria histórica», establece un conjunto de mandatos para las Administraciones públicas que deben ponerse en marcha en nuestra comunidad con un adecuado marco normativo. Por ello, es necesario impulsar y reforzar el papel de La Rioja ‒como parte del Estado‒ a la hora de responder a los derechos de las víctimas del franquismo, así como del conjunto de la ciudadanía a conocer verazmente su propio pasado como pueblo. Debemos superar, de una vez por todas, las memorias heredadas del franquismo y construir una memoria democrática basada en la primacía de los derechos humanos de las víctimas.

Es necesario poner en valor el trabajo de las entidades memorialistas como La Barranca, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la cual ha mantenido viva la llama por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y de las personas represaliadas.

Desde las distintas Administraciones se han realizado diversas acciones que por falta de un marco normativo autonómico adecuado han impedido una acción institucional más decidida.

Tal y como ha explicitado la Organización de las Naciones Unidas en sus «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones», de 21 de marzo de 2006, «una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido».

En este sentido, la Administración riojana impulsará las medidas de reparación a los defensores de la democracia y de las organizaciones que contribuyeron a organizar la resistencia contra el fascismo, así como el resarcimiento económico a sus familiares. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, (según se indica en los principios 19 a 23, de 21 de marzo de 2006).

La Ley para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, cuyo espíritu coincide con las recomendaciones de la ONU de 2014 en relación con los crímenes contra la humanidad y sobre el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, propiciará la necesaria acción institucional en este ámbito, que servirá para ir saldando la importante deuda que La Rioja sigue teniendo con quienes, por causa de su compromiso con la libertad, fueron víctimas del asesinato y el terror de aquella época. Esta norma establece un marco contra la impunidad de los crímenes cometidos, por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que proyecten en el presente y hacia el futuro los valores que se vieron interrumpidos por el franquismo. La memoria del pasado y la pedagogía social deben ser, de cara al futuro, factores de identidad política y de orgullo para nuestra comunidad.

Es objeto de esta ley reconocer la memoria democrática de las mujeres y condenar la violencia y la represión ejercida contra ellas relacionada con la Guerra Civil y la Dictadura franquista por el hecho de ser mujeres.

Los avances sociales y las conquistas logradas en igualdad durante la Segunda República se vieron truncados con el golpe militar y la Dictadura franquista, que impuso su modelo femenino al servicio del régimen. Durante la Guerra Civil y en la inmediata posguerra, las mujeres sufrieron una humillación pública y unos castigos que no se aplicaban a los hombres, como separarlas de sus hijos e hijas, raparles la cabeza, enviarlas a limpiar los cuarteles de los militares o hacerles beber aceite de ricino y obligarlas a pasear por las calles de su pueblo.

En los últimos años se ha investigado y se ha dado a conocer el impacto de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la Dictadura en las mujeres, así como su rol activo como políticas, sindicalistas, maestras, milicianas o militantes antifranquistas, entre otros; o pasivo, como víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario, en este periodo. Hay que continuar investigando desde la perspectiva de género las consecuencias de la Guerra Civil y de la represión en las mujeres en los aspectos político, social, religioso y educativo, y el impacto en el ámbito público y privado, e impulsar los reconocimientos públicos necesarios para reconocer el legado democrático de las mujeres.

En La Rioja, merecen un reconocimiento especial «las mujeres de negro», esas mujeres, viudas, hermanas, huérfanas de los asesinados que visitaban a diario, y más en efemérides señaladas, el terreno donde sabían que estaban las fosas cuando aún no había concluido la contienda. Continuaron fieles a la cita, en su mayoría hasta su propia muerte. Marchaban a pie con el miedo a la climatología, pero sobre todo a las fuerzas represivas del franquismo que las intentaban expulsar. No desistieron en su intento y así han vuelto cada año con los y las descendientes. Su resistencia valiente sirvió para mantener viva la memoria de los suyos. Muchas fueron represaliadas, rapadas y humilladas públicamente. Nuestra comunidad siempre estará en deuda con ellas y les debe esa parte importante de la memoria y el actual Memorial «La Barranca» donde yacen los suyos, a los que nunca abandonaron a pesar de las presiones.

El Estado democrático tiene una importante deuda con quienes, por causa de su compromiso con la libertad de nuestro pueblo, fueron víctimas de asesinato, torturas, encarcelamientos arbitrarios, detenciones ilegales, trabajos esclavos. Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que tiene el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de exterminio y persecución instaurado por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que representan las víctimas. Es por todo ello por lo que se hace necesaria la creación de este marco legislativo contra la impunidad de los crímenes cometidos, por la verdad, justicia y reparación de las víctimas, entendido como una norma básica que defienda en La Rioja la memoria democrática de nuestro pueblo y, con ello, proyecte en el presente y hacia el futuro los valores que se vieron interrumpidos por el golpe de Estado franquista.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de esta ley es:

a) Garantizar y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todas las personas, riojanas o no, instituciones públicas, organizaciones y entidades de todo tipo que fueron perseguidas y represaliadas por el régimen franquista en relación con las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista en La Rioja.

c) Divulgar la memoria democrática en La Rioja, dando satisfacción al derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este periodo, se produjeron crímenes contra la humanidad y se perpetraron vulneraciones de los derechos humanos.

c) Divulgar la memoria democrática en La Rioja, dando satisfacción al derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este periodo, se produjeron crímenes contra la humanidad y se perpetraron vulneraciones de los derechos humanos.

d) Localizar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista para hacer efectivos los derechos de sus familiares a obtener información sobre su paradero y, si procede, identificar sus restos. Realizar un censo de las personas desaparecidas no localizadas y un banco de datos de los restos cadavéricos no identificados.

e) Localizar y preservar adecuadamente los lugares de enterramiento clandestino para que no se pongan en peligro las actuaciones que puedan emprenderse para la averiguación y, en su caso, persecución de estos hechos.

f) Determinar las condiciones básicas y los principios operativos del protocolo riojano de intervención sobre los lugares clandestinos de enterramiento.

g) Ofrecer el respaldo institucional suficiente para la gestión de todas estas políticas y un cauce de participación pública de la sociedad civil.

h) Establecer un marco de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

2. La presente ley promueve, en el marco de las competencias autonómicas y respecto a los periodos históricos a los que se extiende, reparar las consecuencias de:

a) La violencia contra la mujer en sentido amplio, incluyendo tanto la violencia física y psíquica como la violencia institucional y normativa. Quedan subsumidas las sanciones, pérdidas de derechos para ellas y sus descendientes, así como las pérdidas económicas por asunción de deudas o no reconocimiento del derecho a percibir pensiones u otras asistencias.

b) La privación de libertad u otras penas por adulterio e interrupción voluntaria del embarazo.

Artículo 2. Ámbito.

1. El ámbito de la presente ley es el del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja o de personas originarias del mismo.

2. El ámbito temporal al que se refiere la recuperación de la memoria democrática que es objeto de la presente ley comprende desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Artículo 3. Fundamentos.

1. Esta ley se fundamenta:

a) En los principios y valores de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

b) En los valores democráticos de justicia social, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de mujeres y hombres.

2. En sus actuaciones, y en el marco de sus competencias, la Comunidad Autónoma de La Rioja ejecutará las acciones comprendidas en esta ley ajustándose a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación estatal vigente conforme a la doctrina de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad y en defensa de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 10.2 de la Constitución española.

Artículo 4. Medidas de acción positiva.

La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará las medidas de acción positiva que resulten necesarias para hacer efectivo, con estricto respeto a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico:

a) El derecho a conocer, a la luz del principio de verdad, la historia de la lucha del pueblo riojano por sus derechos y libertades, así como el deber de facilitar a las víctimas riojanas y a sus familiares la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos de violencia o persecución que padecieron como consecuencia de su lucha por los derechos y libertades.

b) El derecho a investigar, en aplicación del principio de justicia, los hechos de violencia o persecución que padecieron los riojanos y riojanas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista como consecuencia de su lucha por los derechos y libertades.

c) El derecho a la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido, por medio de la aplicación de medidas individuales y colectivas.

Artículo 5. Reconocimiento a las víctimas.

La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsará las tareas de reconocimiento cívico y jurídico a las víctimas de la represión franquista.

Artículo 6. Definiciones.

A los efectos de esta ley, y siempre dentro del ámbito temporal delimitado por el artículo 2.2, se entiende por:

a) Memoria democrática de La Rioja: La salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo por sus derechos y libertades para hacer efectivo el ejercicio del derecho individual y colectivo a conocer la verdad de lo acontecido, así como la promoción del derecho a una justicia efectiva y a la reparación para las víctimas riojanas del golpe militar y la Dictadura franquista.

b) Víctimas. A los efectos de esta ley, se considera víctimas a todos los riojanos y riojanas que hubieran sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y en particular a:

1.º Las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.

2.º Todas las personas que, a causa de su lucha por los derechos y libertades de la ciudadanía, hubieran sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales.

3.º Las personas que sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la Guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a la Dictadura.

4.º Las personas que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, y padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, especialmente aquellas que fueron deportadas en los campos de concentración nazis.

5.º Las personas que se exiliaron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.

6.º Las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento.

7.º Las personas que sufrieron represión por razón de su orientación o identidad sexual.

8.º Las personas que fueron depuradas o represaliadas profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la Dictadura.

9.º Las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.

10.º Las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, así como quienes les prestaron apoyo activo como colaboradores, en defensa de la República o por su resistencia al régimen franquista en pro de la recuperación de la democracia.

11.º Las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia.

12.º La personas represaliadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática.

13.º Las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas, así como aquellas personas represaliadas o perseguidas por pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas y similares.

14.º Las personas que hayan sufrido daños o represalias al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

15.º Las víctimas republicanas de la Segunda Guerra Mundial.

Una persona será considerada víctima con independencia de que exista o no autoría conocida de la violación de sus derechos.

Asimismo, en los términos establecidos por esta ley, se considerará víctimas a las y los familiares de las personas que padecieron algunas de las circunstancias recogidas en el presente apartado, entendiéndose por tales la persona que haya sido cónyuge de la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado.

En caso de controversia en el ejercicio de las acciones previstas en esta ley, tendrá preferencia quien haya sido cónyuge de la víctima o persona ligada por análoga relación de afectividad. En caso de fallecimiento de este, los y las descendientes por orden de su mayor proximidad a la víctima tendrán preferencia frente a los familiares en línea colateral, cuya preferencia se establecerá por orden de su mayor proximidad.

Los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, asociaciones feministas de mujeres, instituciones educativas y agrupaciones culturales represaliadas por la Dictadura serán objeto de las medidas específicas de reconocimiento y reparación contempladas en la ley, en cuanto les resulten de aplicación.

c) Trabajo esclavo: De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, y, según el artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

d) Privación de libertad:

1.º Los tiempos de prisión efectiva por cumplimiento de condena en establecimiento penitenciario.

2.º Las detenciones en estado de excepción, que no dieron lugar a posterior causa penal.

3.º Las prisiones preventivas que no dieron lugar a posterior causa penal, por ser la misma sobreseída o declarado inocente el investigado o acogerse en ese momento a algún tipo de indulto, medida de gracia o amnistía.

4.º Las estancias en batallones de trabajo y disciplinarios.

5.º Las estancias en campos de concentración o lugares habilitados como establecimientos penitenciarios.

6.º Las estancias de carácter represivo en centros psiquiátricos.

e) Discriminación por razón de género u orientación sexual: Todas aquellas violaciones de derechos fundamentales derivadas de normas y prácticas vigentes en el ámbito temporal al que se extiende esta ley que implicaran una expresa sumisión y discriminación de la mujer, así como de aquellas conductas u orientaciones sexuales vetadas por los valores oficiales del régimen dictatorial.

f) Bebés robados: Recién nacidos sustraídos sin consentimiento a sus progenitores y progenitoras y dados en adopción a otras familias. El concepto engloba el previo y público reconocimiento a aquellas madres, padres y aquellos bebés, así como las niñas y niños, hoy personas adultas, víctimas de apropiación forzada y a quienes les fue sustituida su verdadera identidad.