Este Departamento, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según la nueva redacción dada por el artículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el artículo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y previa aprobación de la Secretaría de Estado para la Función Pública a que se refiere el artículo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto convocar un concurso específico para cubrir puestos vacantes en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dotados presupuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por dicho procedimiento.
El presente concurso, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios. De igual modo, se tiene en consideración el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, mediante el que se aprueba el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.
De acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y del artículo 20.2 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 709/2002, de 19 de julio, y una vez efectuadas las propuestas correspondientes por los órganos y por las entidades a los que se refiere este artículo, vengo a nombrar como miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a las personas que a continuación se relacionan:
En representación de las organizaciones sociales más representativas.
Con fecha 23 de marzo de 2010 se ha suscrito la Addenda de corrección al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2009.
Según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado del citado Convenio, que figura como Anexo a la presente resolución.
Por Orden TAS/2793/2007, de 26 de septiembre («BOE» del 28), se crearon los Premios Estatales al Voluntariado Social, y se establecieron las bases para su convocatoria.
El artículo 3 de la citada disposición, así como la base segunda del anexo I, prevén que dichos premios «se convocarán anualmente mediante resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, a la que, asimismo, corresponde su concesión.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2, de la Orden TAS/980/2007, de 2 de abril (Boletín Oficial del Estado número 90, de 14 de abril de 2007) por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), de conformidad con el procedimiento establecido en el Título I, Capítulo II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en lo sucesivo L.G.S.), procede efectuar la correspondiente convocatoria y la determinación de las actuaciones que en el área de atención a mayores, podrán ser objeto de financiación, sus requisitos y prioridades, así como el crédito presupuestario al que debe imputarse las correspondientes subvenciones.
De conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones, corresponde al Estado la gestión en los casos en que resulte imprescindible un planteamiento global de ámbito estatal, que requiere de intervenciones de carácter supracomunitario que no podrían residenciarse en las Comunidades Autónomas. Se trata, por lo tanto, de garantizar la igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional
