Advertidos errores en los anexos II y III del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden SAS/1896/2009, de 6 de julio («Boletín Oficial del Estado» del 15), a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:
ANEXO II
Convocado por Orden SAS/1297/2009, de 19 de mayo, el proceso selectivo para la designación de vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios,
Conforme al Acuerdo adoptado por la Comisión de Selección, según lo previsto en la disposición séptima de la citada Orden, previa verificación de la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 3, apartado 6, del Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios, modificado por el Real Decreto 487/2009, de 3 de abril, han resultado seleccionadas como asociaciones, federaciones, confederaciones o cooperativas de consumidores y usuarios que pasarán a formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, las siguientes organizaciones:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, la Administración General del Estado tiene competencia sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
La finalidad perseguida por la Administración General del Estado con las subvenciones reguladas en esta orden de bases es la consecución de la igualdad de los ciudadanos en las políticas sociales, promoviendo las condiciones y removiendo los obstáculos, tal y como indican los artículos 1.1 y 9.2 de la Constitución Española, para que dicha igualdad sea efectiva. Y es que, teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a los recursos disponibles que impone el respeto a las exigencias de la estabilidad presupuestaria, la actuación de la Administración General del Estado es prácticamente insuprimible si se tiene en cuenta que la igualdad efectiva en el ejercicio de los derechos sociales requiere el empleo de criterios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público (artículo 31.2 de la Constitución), que aconsejan encomendar a la Administración que se encuentra en mejor disposición, por las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas como garante de la igualdad, su consecución en el ámbito de las políticas sociales.
Suscrito el 3 de junio de 2009, Convenio de Colaboración entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del proyecto BIFAP en Aragón y, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Acuerdo, que figura como anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Por Orden SAS/1590/2009, de 5 de junio («Boletín Oficial del Estado» del día 15), se anunció convocatoria pública para cubrir, por libre designación, puestos de trabajo en el Departamento. Una vez realizado el procedimiento establecido en el artículo 20. 1, b) y c), de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, de Modificación de la anterior,
He dispuesto, en uso de las atribuciones que me están conferidas:
