La preocupación de las instituciones de la UE por mantener un elevado nivel protección de la salud de las personas, animales y medio ambiente, se ha manifestado en diferentes campos, entre ellos la regulación de los biocidas, que se inició en Europa con la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas, que fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
En España, la regulación de estos productos se había iniciado con la promulgación del Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre que aprobó la Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, y que no sólo exigía la evaluación y el registro de los productos, sino que establecía también la obligatoriedad de superación de cursos o pruebas de capacitación, para las personas dedicadas a realizar tratamientos con plaguicidas, especialmente en el caso de los muy tóxicos, y tóxicos para los de uso ambiental.
Examinada la escritura de constitución de la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo, instituida en Madrid.
Antecedentes de hecho
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, se participa que ante la Sección 006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se tramita el procedimiento ordinario número 1523/2009, promovido por Laboratorios Servier, S.L., contra la desestimación presunta de los recursos de alzada formulados contra los actos administrativos por virtud de los cuales se acordó incluir en la página web del Ministerio una versión actualizada de la Nota Informativa que es errónea, y modificar la Bases de Datos del Ministerio a los efectos de indicar que el medicamento Daflon 500 pertenece a un grupo (conjunto o agrupación) de intercambio de medicamentos que tiene como principio activo diosmina.
Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como codemandadas, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma establecida en la repetida Ley.
De conformidad con lo establecido en los artículos 8.2.e) y 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó, en su reunión de 1 de junio de 2010, el Acuerdo sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, que figura en el anexo de la presente Resolución.
Madrid, 29 de junio de 2009.–El Secretario General del Política Social y Consumo, Francisco Moza Zapatero.
Examinada la escritura de creación de la Delegación de la Fundación Red para el Fomento y Desarrollo Social de la Salud, La Cultura y la Educación Funredsocial en España.
Antecedentes de hecho
