Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 12, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 110/2023, contra la desestimación presunta del escrito presentado por el Secretario General del Sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO., con fecha 24 de marzo de 2023, por el que solicitaba la convocatoria de concurso específico para puestos singularizados en el ámbito no transferido, gestionado por el Ministerio de Justicia.
En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días.
Madrid, 20 de marzo de 2024.- Subdirector General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica, Roberto Martínez Orio.
Madrid, 21 de marzo de 2024.- Subdirector General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica, Roberto Martínez Orio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, según la redacción que le confiere la disposición final sexta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y visto el expediente personal del notario de Barcelona, don Enrique Viola Tarragona, del cual resulta que el día 28 de abril de 2024 cumple los 72 años de edad, edad en que legalmente procede su jubilación tras habérsele concedido la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumpla como máximo setenta y dos años de edad.
Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 7.1 h) del Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, ha acordado la jubilación forzosa del mencionado Notario, debiendo producirse el cese efectivo en el cargo el día 28 de abril de 2024, fecha en la que cumple la edad de 72 años, conforme a la nueva redacción del mencionado apartado 1 del artículo primero de la Ley 29/1983.
El artículo 7.7 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, establece que reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria de la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
El artículo 18 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, sobre el acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura, afirma que es competencia de los Ministerios de Justicia y de Educación convocar la prueba de evaluación de aptitud para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.
